Organizaciones exigen derogación de reforma al decreto 16

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Presidente de la República Presidente de la República Fuente: CRE Satelital

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Las organizaciones de sociedad civil están en desacuerdo con los cambios incorporados en el nuevo decreto, y piden su derogación ante la violación al derecho de libre asociación.

El presidente, Rafael Correa, expidió la codificación y reformas al decreto ejecutivo 16 (de junio de 1013). El objetivo es establecer requisitos y procedimientos para el funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales (SUIOS).

El reglamento rige para las organizaciones sociales y para la ciudadanía que participa de manera voluntaria en organizaciones ciudadanas, entidades y organismos competentes del Estado, además para ONGs extranjeras que realizan actividades en el país.

El documento posee 47 artículos, seis disposiciones generales y una transitoria. Entre las principales modificaciones se destaca que no será requisito obtener el certificado de existencia emitido por el ROUS, según informó diario El Telégrafo.

El nuevo decreto elimina el artículo 48 que establecía que las instituciones del Estado, a través del Suios, debían dar a conocer a las organizaciones los espacios de deliberación y toma de decisiones, programas, proyectos y servicios a ejecutarse mediante cogestión, así como los procesos de compras públicas que ofrecieran al mercado, indica el portal Ecuador en Vivo.

El mandatario explicó que para lograr la racionalización y eficiencia de las organizaciones sociales, “es preciso reducir al máximo cualquier carga innecesaria que recaiga sobre estas”, señala el portal La República.

La Corporación Participación Ciudadana, en un comunicado, considera que la reforma al Decreto 16 debe ser derogada, puesto que “mantiene normas inconstitucionales, invasivas y atentatorias al Derecho de Asociación de las organizaciones de la sociedad civil de Ecuador”, así señaló en un comunicado de prensa.

Respecto al SUIOS, dice, que establece cambios únicamente de forma que no afectan el fondo de reglamentación vigente sin embargo, afecta a los derechos de las organizaciones.

En tres artículos (7, 24 y 22), sostiene la Corporación, se mantiene con cambios sistemáticos en el concepto de inclusión forzosa de miembros en las organizaciones, es decir, respetar el derecho de personas que lo deseen, de vincularse a las organizaciones incluso contra la voluntad de los miembros. Esto “atenta a la esencia de la libertad de asociación”.

Por su parte, Fundamedios y 14 organizaciones más señalan que “este nuevo Decreto mantiene las restricciones y las amenazas a la libertad de asociación de los ciudadanos, partiendo de la abierta violación a los artículos 132 y 133 de la Constitución que consagran los principios de legalidad y de reserva de ley para regular el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales.”

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que los Estados tienen facultad para reglamentar la inscripción, vigilancia y control de organizaciones dentro de sus jurisdicciones, pero que “deben asegurar que los requisitos legales no impiden, retrasen o limiten la creación o funcionamiento de estas organizaciones”, informó mediante un comunicado Fundamedios

El mandatario tiene hasta 90 días, desde la publicación del decreto (3 de agosto de 2015) para que las instituciones del Estado que tengan competencia para otorgar personalidad jurídica puedan homologar los requisitos para trámites de organizaciones sociales.

“Detrás de esta nueva disposición persisten las violaciones normativas tanto de forma como de contenido, ya que no es admisible que se insista en el desatino de regular un derecho humano como el de la libre asociación y reunión mediante un decreto, dejando de lado la vía constitucional que dispone que es procedente una ley orgánica”, sostuvo en su análisis el catedrático Jaime Vintimilla.


Paola Pabón, subsecretaria de Gestión Política manifestó a varios medios de comunicación, que esta reforma es parte de los acuerdos alcanzados en el proceso de diálogo impulsado por el gobierno con las diferentes organizaciones sociales.

 

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